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Fernández Mendía, en la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial PDF Imprimir Correo electrónico
De interés general

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El ministro del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Daniel Fernández Mendía, fue elegido para integrar la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial por un período de cuatro años. La elección se realizó durante la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana realizada recientemente en la ciudad ecuatoriana de Quito.

Fernández Mendía se convirtió así en el primer juez pampeano en ser designado en dicho ámbito. Los otros tres argentinos votados para formar parte de otras comisiones fueron el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Luis Lorenzetti; la vicepresidenta, Elena Inés Highton de Nolasco; y el titular del Consejo de la Magistratura de la Nación, Miguel Piedecases.

En la elección para los miembros de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial se contabilizaron 440 votos y fueron electos además, para el período 2018-2022, David Ordoñez Solís (España), Fernando Alberto Castro (Colombia), María Maggi Ducommun (Chile), Miryam Peña Candia (Paraguay), Justiniano Montero (República Dominicana), Néstor Alfredo Arbito Chica (Ecuador), Hernán Antonio de León Batista (Panamá), Elena Martínez Rosso (Uruguay) y Luis Porfirio Sánchez Rodríguez (Costa Rica). Excepto el ministro del STJ, el resto de los electos son jueces de las Cortes Supremas de sus países u organismos análogos.

Dicho organismo es la instancia encargada de facilitar la discusión, difusión y desarrollo de la ética judicial a través de publicaciones o de la realización de cursos, seminarios, diplomados y encuentros académicos. Como parte de su desarrollo tiene como principal producto la organización del concurso internacional de trabajos monográficos y el otorgamiento del Premio Iberoamericano al Mérito Judicial –que este año recayó en la jueza pampeana, Elvira Rossetti– con el fin de crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.

Lorenzetti, a su vez, se incorporó a la Comisión de Justicia Ambiental; Highton de Nolasco, a la Comisión de Género y Acceso a la Justicia; y Piedecases, a la Comisión de Seguimiento a las Reglas de Brasilia.

La XIX Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que reunió a representantes de 23 países de la región, sesionó el mes pasado en Quito. Ella es un foro de diálogo y concertación institucional de carácter internacional que opera en el contexto de los países europeos y latinoamericanos de habla española y portuguesa, incluyendo al Principado de Andorra. Son miembros de la Cumbre todos los países que pertenecen a la Comunidad Iberoamericana de Naciones, y también el estado libre y asociado de Puerto Rico.

Se trata de una organización que articula la cooperación y concertación entre los Poderes Judiciales de esas naciones, aglutinando en un solo foro a las máximas instancias y órganos de gobierno de los sistemas judiciales.