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Discrecionalidad judicial vs. Arbitrariedad judicial PDF Imprimir Correo electrónico

Juan_Bautista_Etcheverry“La discrecionalidad judicial es un fenómeno que se ha reinstalado con fuerza con el auge del Estado constitucional de Derecho y necesita ser explicado, por sus causas, su naturaleza, incluso sus límites”, planteó el abogado y profesor Juan Bautista Etcheverry en la clase dictada en la Diplomatura de Derecho Judicial. También agregó que “como contrapunto de la discrecionalidad judicial podemos mencionar a la arbitrariedad judicial. En la praxis constitucional argentina, en concreto en la praxis jurisprudencial de la Corte Suprema, ya se incorpora un mecanismo para controlar el límite de la discrecionalidad que sería la arbitrariedad”.

El abogado y doctor en Filosofía del Derecho Juan Bautista Etcheverry es profesor de grado y posgrado en la Universidad Austral, UBA, Universidad de Montevideo (Uruguay) y en La Coruña (España), además de ser integrante de la Comisión Nacional de Ciencia y Técnica del Conicet.

En la clase que dictó en el el Centro Judicial de Santa Rosa abordó el problema de la discrecionalidad judicial y de la sentencia arbitraria desde el punto de vista de la Filosofía del Derecho y su relación con el Derecho Constitucional argentino.

Problemas y desafíos.

“El recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia ante la Corte Suprema genera problemas y desafíos, en concreto el colapso o posible colapso de la Corte Suprema y la incorporación de instituciones como el Certiorari en Argentina a partir de 1990 con la reforma del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, indicó Etcheverry.

El profesor planteó cómo diseñar una praxis y unos mecanismos institucionales para que las sentencias arbitrarias puedan ser controladas, sin que por esta razón se pierda el rol específico que le fue asignado por la Constitución a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Soluciones.

“Propongo dos tipos de soluciones: una tiene que ver con la creación de un tribunal intermedio; porque debido a la cantidad de sentencias que resuelve la Corte Suprema es posible que dentro de la propia Corte tengamos como subtribunales que decidan estas cosas, entonces considero mejor institucionalizar esto”, indicó.

La otra propuesta de Etcheverry está relacionada a la jurisprudencia de la Corte con respecto a la sentencia arbitrarias. “Mi aporte es que si bien cuando rechacen no justifiquen por qué rechazan, porque la idea de que pueda rechazar discrecionalmente es que la Corte lo pueda hacer sin perder demasiado tiempo, para poder abocarse a los casos que considera trascendentes; pero considero que, como mínimo, tendría que justificar los casos que acepta el recurso extraordinario por sentencia arbitraria”.

Esta propuesta permitiría “dar una pauta de guía a los abogados que quieran recurrir y también a otros tribunales inferiores interesados en seguir su jurisprudencia. A su vez también va a ser una manera de controlar las propias razones que tiene para aceptar este tipo de recursos”, explicó el abogado, quien sintetiza su propuesta: “que la Corte haga una aceptación justificada de los recursos extraordinarios por sentencia arbitraria”.

Caso práctico.

En la clase de la Diplomatura en Derecho Judicial, los asistentes analizaron estos conceptos a través del caso práctico “Rodríguez contra Rodríguez”, del año 1993.

Allí vieron que “uno de los problemas que se plantea con la incorporación del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que le otorga discrecionalidad a la Corte para aceptar las causas que considere trascendente y rechazar las que no considere trascendente es que el modo de rechazar es simplemente mencionando dicho artículo y sin mencionar ninguna fundamentación”.

“La pregunta interesante para resolver es si esto es un modo de un ejercicio discrecional o un ejercicio arbitrario porque no se funda en razones”, planteó el profesor.

En el caso práctico analizado, algunos jueces de la Corte Suprema en un voto concurrente explican por qué consideran que no es inconstitucional rechazar simplemente mencionando la normativa del art. 280 y sin dar razones.

Etcheverry manifestó estar de acuerdo en que si no pudieran rechazar de esta manera no cumpliría la función con la que fue creada esta institución del artículo 280. Pero aclaró que, a su juicio, “si en los rechazos -que son la gran mayoría- no ha que justificar, como mínimo ha de justificar las aceptaciones”.